La mediación familiar internacional y el derecho
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Los progenitores tienen derecho a cambiar su lugar de residencia y empezar una nueva vida en otro país. No obstante, tal decisión no puede ser tomada si vulnera los derechos del otro progenitor y los derechos de los niños y niñas a mantener un contacto regular con ambos progenitores.
Es importante señalar que las cuestiones jurídicas juegan un rol esencial en los conflictos familiares transfronterizos. Efectivamente, estas situaciones pueden ser extremadamente complejas ya que interaccionan dos o más sistemas jurídicos de países distintos así como otros instrumentos jurídicos internacionales, regionales o bilaterales, aplicables a los países en cuestión.
Tienen especial relevancia entre estos Instrumentos, algunos que conciernen en particular a los menores, y tienen como objetivo proteger su derecho a “mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores”, un derecho que está previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Estos instrumentos incluyen también:
- El Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980;
- El Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia de 1980;
- La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores de 1989;
- El Convenio de La Haya sobre la protección de los niños de 1996;
- La Convención sobre los contactos, establecida por el Consejo de Europa en 2003;
- La regulación de la Unión Europea de 2003 había llamado "Bruselas II A".
Así, la decisión de trasladarse con un niño o con una niña a otro país deberá ser tomada sólo si se lleva a cabo de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales aplicables. En caso contrario, un traslado internacional es considerado como un traslado ilícito del menor (véase el Artículo 3 del Convenio de La Haya de 1980).
Dada la complejidad jurídica de estas situaciones, las mediaciones familiares internacionales no pueden llevarse a cabo sin un asesoramiento jurídico especializado. Un intento de mediación o una mediación que haya sido exitosa no le impedirá iniciar o seguir con un procedimiento judicial.
Los abogados y otros expertos en conflictos familiares internacionales conocen las leyes nacionales e internacionales que se aplican a cada caso. Conocen los reglamentos, las prescripciones y los plazos impuestos por las leyes en vigor.
Un asesoramiento jurídico especializado permite a las partes asegurarse de que la mediación se desarrolle respetando los derechos de todas las personas involucradas, y en particular los de los niños y de las niñas.
Antes y durante la mediación, los asesores jurídicos pueden orientar sobre los siguientes puntos, entre otros:
- Los derechos y deberes ante la ley, sobre todo en materia de responsabilidad parental, con el fin de que pueda tomar decisiones claras durante la mediación;
- Los aspectos de un divorcio o de una separación que no pueden ser decididos en una mediación, porque son reglamentados exclusivamente por el derecho aplicable;
- La conformidad del acuerdo de mediación con los requisitos legales de todos los países en cuestión;
- Como el acuerdo puede ser redactado de forma que sería vinculante y exigible en todos los sistemas jurídicos involucrados;
- Si la ley requiere, en caso de separación, ciertas decisiones o acciones antes de iniciar la mediación;
- Las medidas jurídicas a tomar con el fin de proteger a su hijo o hija, si considera que su bienestar está en peligro.
Las decisiones tomadas en una mediación son generalmente establecidas por escrito. Según el país, este documento se llama acuerdo de mediación, contrato de mediación, protocolo de acuerdo, o un memorándum de entendimiento.
Los abogados especializados y/o otros asesores jurídicos le ayudarán a asegurarse de la conformidad del contenido y de la formulación del acuerdo de mediación con todas las leyes aplicables. También podrán ayudarle a redactar el acuerdo para que el mismo pueda ser vinculante y exigible en todos los países en cuestión. Está en su propio interés velar por que los países afectados por el conflicto sean obligados a reconocer el acuerdo y que este pueda ser aplicado por las autoridades judiciales de estos países.
Un acuerdo de mediación no es automáticamente vinculante por ley. Un cierto número de medidas deben ser tomadas para darle valor jurídico, lo que permite a las partes recurrir a la justicia si el acuerdo no es respetado.
Con el fin de otorgar un valor jurídico a un acuerdo de mediación, es conveniente homologarlo ante un Tribunal o bien integrar su contenido a una decisión judicial, para después pedir el reconocimiento de esta decisión o su homologación en todos los países involucrados. Un abogado especializado podrá informarle sobre la manera de llevar a cabo estos trámites.
Aquí, encontrará preguntas a formular a su asesor legal y los puntos que se pueden incluir en el acuerdo de mediación.